Chamizo pide a Interior un cambio en la Ley para que Policía Nacional y Benemérita gestionen los depósitos de detenidos

• Considera que se trata de una propuesta "coherente" y no "exótica" y confía en que sea respaldada por el Defensor del Pueblo Español

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, entregó hoy a la presidenta del Parlamento, Fuensanta Coves, el informe 'Lugares de custodia de personas detenidas: depósitos municipales y otros calabozos policiales', cuya principal propuesta es solicitar al Ministerio del Interior un cambio legislativo de manera que el servicio de depósito de detenidos a disposición judicial pase a ser gestionado "directamente" por Policía Nacional y Guardia Civil.

En rueda de prensa en la propia Cámara autonómica tras hacer entrega de este documento, Chamizo consideró que se trata de una propuesta "coherente" y no "exótica", por lo que opinó que el Defensor del Pueblo Español, Enrique Múgica, "no tendrá inconveniente en aprobarla". "No parece que tenga mucho sentido seguir en la actual situación", apostilló.

Así, subrayó que la propuesta del informe --"ineludible para nosotros"-- es que por parte del Ministerio del Interior, "al que se atribuyen no sólo las competencias penitenciarias sino también la administración general de la seguridad ciudadana y el mando superior de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", se promueva un cambio legislativo tendente a derogar la Disposición Final Quinta de la Ley de Bases de Régimen Local, de manera que Policía Nacional y Guardia Civil pasen a gestionar en sus propias instalaciones el servicio de depósito de detenidos.

En este sentido, Chamizo explicó que esta propuesta podría llevarse a cabo haciendo posible que en cada Partido Judicial, preferentemente en su capital, existieran unas dependencias de custodia de personas detenidas, tanto en fase de investigación policial como si se tratase ya de detenidos a disposición judicial, y que éstas dependencias fueran dirigidas bien por la Policía Nacional bien por el Instituto Armado, o por ambos según el despliegue existente en la zona.

Al hilo de ello, recordó que fue hace ya 12 años cuando la Oficina del Defensor realizó la primera investigación sobre este asunto, titulada entonces 'Depósitos municipales de detenidos', y que arrojó como principal conclusión que se mantuviera la delegación competencial que sustenta este servicio de depósito, "pero siempre y cuando se respetasen en su integridad las condiciones y requisitos legales con que esa delegación se había de hacer".

Tras ello, indicó que la Administración central delega la competencia a los municipios que son cabeceras --capitales-- de sus respectivos partidos judiciales. Así, en la región andaluza hay 85 partidos judiciales, de los que 12 no tienen obligación de gestionar depósitos y 45 cuentan con estas instalaciones, mientras que hasta 28 "incumplen su obligación de gestionar" el servicio, "aunque no parece ocurrir nada grave por ello ya que el mismo lo cubre la Guardia Civil o la Policía Nacional".

"DISMINUCIÓN" DE LA RED MUNICIPAL DE DEPÓSITOS

Así, y tras concluir que la gran mayoría de las personas detenidas en la región andaluza permanecen custodiadas en dependencias no gestionadas por la Policía Local sino por efectivos de los otros dos cuerpos policiales, Chamizo recordó que de la primera investigación resultó que eran 14 los municipios que incumplían su obligación, mientras que ahora son 28, "con lo que la red andaluza de depósitos ha disminuido de modo considerable".

No obstante, reconoció que "los pocos depósitos que van quedando tienen una situación bastante mejor" que en el pasado, ya que 35 de los 45 depósitos existentes presentan instalaciones nuevas o reformadas, destacando 17 construcciones de nueva planta en municipios como Ubrique (Cádiz), Lucena (Córdoba), Loja (Granada) o Aracena (Huelva).

De este modo, "y debido tanto al protagonismo cada vez mayor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como a las crecientes dificultades que tienen los ayuntamientos para atender este servicio debido a la escasa aportación económica que reciben para ello", señaló que esta segunda investigación se extendió hacia los depósitos dirigidos por Policía Nacional --se visitaron 23-- y Guardia Civil --22--, frente a los 61 depósitos municipales visitados.

Tras informar de que por los depósitos municipales han pasado más de 18.000 personas en los últimos tres años, Chamizo desveló que los lugares de custodia de la Guardia Civil, en su mayoría, "son insuficientes, especialmente por su escasa capacidad para la acogida de detenidos; austeros, pequeños, muy limpios y dotados de estrictas medidas de seguridad hasta la exageración".

INSTALACIONES "INADECUADAS"

Por su parte, las gestionadas por la Policía Nacional, en líneas generales, "son inadecuadas, pues muchas siguen instaladas en edificios antiguos, con pocas reformas y casi todas en sótanos escasamente iluminados y con poca ventilación, con dotaciones pobres y no siempre bien conservadas ni suficientemente limpias".

Para justificar su propuesta de cambio legislativo, Chamizo se refirió a la opinión de los ayuntamientos en este asunto, y aseguró que "son unánimes al rechazar el actual régimen jurídico de los depósitos, pues su financiación es totalmente insuficiente, la plantilla de la Policía Local es muy corta para atender este servicio y porque crea una situación discriminatoria para esos 45 ayuntamientos que, a pesar del enorme esfuerzo que hacen para cumplir con sus obligaciones legales en este campo, no se ven compensados".

"Las opiniones críticas por parte de los consistorios cumplidores, incluso de aquellos que mejor gestionan el servicio, son unánimes en cuanto al carácter insostenible de esta competencia", según prosiguió el Defensor, quien incidió en que "son cada vez más los que piden, no ya una mejora de la financiación, sino que el servicio sea gestionado directamente por el Gobierno".

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