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martes, 28 de diciembre de 2010

PROPONEN TRASLADAR A SEVILLA 1.500 VEHÍCULOS INTERVENIDOS EN EL CAMPO DE GIBRALTAR

Responsables de la Junta de Andalucía mantuvieron ayer un encuentro con los propietarios de las cuatro empresas de depositarios judiciales en el Campo de Gibraltar a fin de lograr avances en la negociación del pago de la deuda que la administración autonómica tiene contraída con estos empresarios.

La celebración de este encuentro, confirmada ayer a preguntas de este diario por el consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, no ha supuesto, sin embargo, un acercamiento de posturas en cuanto a la cuantificaciòn de la deuda, que para los depositarios ronda los 40 millones de euros. En este montante se incluyen el gasto de bienes ya destruidos, la factura ordinaria y los costes de inventario de vehículos.

Una portavoz de las depositarias, Estela Villalobos, reveló que la Junta está dispuesta a trasladar en breve el inventario de 1.400 a 1.500 vehículos que actualmente están en estas sedes a un local habilitado de Sevilla.

Asimismo, asegura que el ente autonómico ha reconocido al menos una deuda de seis millones de euros, y recordó que el resto está pendiente de un proceso por el Contencioso-Administrativo.
 
FUENTE:  EL FARO INFORMACIÓN

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viernes, 24 de diciembre de 2010

UNO DE LOS DETENIDOS EN TÁNGER POR TRÁFICO DE DROGAS HUYE DE MARRUECOS Y VUELVE A LOS BARRIOS

Juan José Ruiz, uno de los dos vecinos de Los Barrios retenidos en Tánger (Marruecos) tras ser condenado por un presunto delito relacionado con el tráfico de drogas ha huido y estará en su casa para pasar las fiestas navideñas y "no volverá más", según han confirmado  fuentes municipales.

"De momento está descansando pero la familia está muy contenta", ha asegurado el portavoz del PA, Jorge Romero. Ruiz es uno de los dos ciudadanos barreños retenido y condenado por un tráfico de drogas, aunque la sentencia de tres años de cárcel no es firme y no habían entrado en prisión por ello. El otro vecino retenido, Jorge Cano, permanece en Tánger para intentar demostrar su inocencia.

Desde el pasado 5 de junio, cuando ambos salieron a pescar y se perdieron por la niebla, están relacionados con un alijo de hachís que se encontraba a unos 500 metros de donde fueron localizados por la policía marroquí.

Desde entonces, y pese a las acciones políticas que ha llevado a cabo Exteriores, están en un hotel de Tánger aunque con libertad para moverse por Marruecos. Ahora el más joven de los dos ha decidido escapar.


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jueves, 23 de diciembre de 2010

EL FISCAL PIDE ARCHIVAR LA DENUNCIA CONTRA UN PROFESOR POR HABLAR DEL JAMÓN EN CLASE

La Fiscalía de Cádiz ha solicitado el "archivo inmediato y sin más trámites" de las actuaciones tras la denuncia presentado por los padres de un alumno musulmán que denunciaron a un profesor tras hablar del jamón en clase en un colegio en La Línea de la Concepción (Cádiz). La Fiscalía entiende que no hay "el más mínimo indicio de la existencia de ningún tipo de infracción penal".

Según el escrito de petición al que tuvo acceso Europa Press, el Ministerio Público argumento que "aún cuando de las versiones contradictorias de las dos partes que se desprenden del atestado, nos quedáramos con la más favorable a la de la denunciante, nada justificaría, de ningún modo, la apertura de un procedimiento penal dirigido contra una persona, con los importantes costes personales que ello conlleva".

Además, señala que "la Jurisdicción penal es algo más serio y su utilización no puede quedar al capricho de nadie, cuando no existe justificación jurídica para ello".

Para la Fiscalía, la postura inicial del menor, que dará lugar posteriormente al resto de los acontecimientos, "es una postura caprichosa, abusiva, sectaria e inadmisible, porque no de otra forma puede calificarse el hecho de que un alumno pretenda censurar el contenido de la docencia que se le está impartiendo, imponiendo su voluntad a la de su profesor y a la del resto de sus compañeros".

Además, añade que el contenido de su queja es "insostenible, porque no hace falta practicar la religión del menor, sino tener unos conocimientos básicos de cultura general, para saber que la religión musulmana prohíbe a sus practicantes comer carne de cerdo y sus derivados, pero no hablar, u oír hablar sobre el mismo".

Así, argumenta que "escuchar una referencia indirecta al jamón en el marco de una clase de geografía en nada violenta a los practicantes de dicha religión y menos aun convierte al profesor en racista, xenófobo o algo parecido". Asimismo, recuerda que "tampoco en el sistema de valores de nuestra cultura tiene cabida la esclavitud y eso no impide que se mencione y estudie como un fenómeno que, por desgracia, estuvo vigente en todo el mundo, sin que ello convierta en esclavistas a los centenares de profesores de historia que ejercen su labor en todo el territorio nacional".

En cuanto al hecho de si el profesor tuvo una reacción inadecuada, la Fiscalía señala que tendrá que denunciarse y valorarse ante las autoridades educativas que tiene instrumentos suficientes para dar cauce a este tipo de quejas. En este sentido, insiste que "nunca estas cuestiones deben resolverse en el ámbito penal", por lo que el procedimiento debe archivarse sin más trámites.

EL PAPEL DE LOS PADRES

En su escrito, la Fiscalía señala "otras cuestiones paralelas" en relación con la polémica suscitada. Así, manifiesta que "es comprensible que el menor haya mantenido una postura pueril", ya que "no es más que un niño", "pero que esa postura no haya sido corregida, sino amparada por su propia madre, a la que se supone que es una adulta responsable, es algo ya más preocupante, sobre todo cuando en las actuaciones se hace referencia a otra serie de datos, que por respeto a la intimidad del menor no deben reiterarse".

Para la Fiscalía, eso "justifica, como mínimo una preocupación sobre su situación personal y sobre el cumplimiento por sus progenitores de los deberes de cuidado y custodia que hacia el mismo tienen encomendados". Por ello, el fiscal interesa que, tras archivarse el procedimiento, se remita tanto al Ministerio Público, como a los órganos competentes de la Junta de Andalucía un testimonio de todo lo actuado a los efectos de poder efectuar un seguimiento y valoración de la situación del menor.

Igualmente, anuncia que la Fiscalía llevará una investigación de oficio por el hecho de que "nada justifica que ciertos datos personales del menor se hagan públicos, máxime cuando son irrelevantes de cara al núcleo central del debate". En este sentido, recuerda que la intimidad del menor denunciante, como la de todos los menores, debe ser objeto de una protección de especial intensidad.

Por eso, para la Fiscalía, debe valorarse si algunos de los datos del niño que no deberían ser conocidos más que por sus familiares y por los docentes que intervienen en su educación han sido objeto de noticia pública.

FUENTE:  EL FARO INFORMACIÓN

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CONDENAN A OCHO MESES DE CÁRCEL A UNA MADRE QUE AMENAZÓ A UN PROFESOR EN LOS BARRIOS

La madre de un alumno del CEIP Nuestra Señora de Guadalupe en Palmones, en el término municipal de Los Barrios (Cádiz), ha sido condenada por el Juzgado de lo Penal número dos de Algeciras por insultar y amenazar a un profesor de su hijo. La condena, según ha informado el sindicato Ustea en un comunicado, se eleva a seis meses de prisión por un delito de atentado, dos meses de prisión por un delito de lesiones y una indemnización de 1.800 euros.

Según ha indicado el sindicato, también ha sido condenada la abuela del alumno a la pena de diez días a tres euros por insultos. Ustea ha señalado que "esta es la primera vez que en  esta provincia se condena a una persona por el delito de atentado contra un docente".

Asimismo, ha indicado que "esta sentencia da respuesta a una  demanda de la sociedad y de tantos profesores que durante años se ha sentido indefensos ante las agresiones y amenazas de algunos padres, así como con denuncias que gratuitamente ponían en cuestión su labor profesional, su dignidad personal y su imagen pública".

Ustea ha recordado que con el reconocimiento, desde noviembre de 2008, por parte de la Fiscalía General del Estado, del profesor como autoridad pública, se ha dado un "gran paso para dignificar y valorar la labor docente ante la sociedad, como pilar indispensable en una sociedad democrática y de derecho".

FUENTE:  ALGECIRAS AL MINUTO

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miércoles, 22 de diciembre de 2010

LA AUDIENCIA ABSUELVE A UN DETENIDO POR LLEVAR 23 PAPELINAS DE ÉXTASIS.

La sección algecireña de la Audiencia Provincial ha absuelto a O. R. C. de un delito contra la salud pública al considerar que no queda acreditado que las 23 pastillas de éxtasis que portaba cuando fue detenido por la Policía Local el 18 de septiembre de 2009 las iba a vender a terceros a cambio de dinero. El ministerio fiscal le solicitaba 3 años y 6 meses de prisión.

El antes condenado manifestó que la droga intervenida era para una fiesta que había organizado con sus amigos, quienes confirmaron durante la vista oral esta versión. Una prueba clave para el tribunal fue que quedó probado, incluso con análisis, que este grupo de jóvenes era consumidor.

O. R. C. fue parado por dos agentes cuando iba circulando en un ciclomotor por la avenida Virgen del Carmen por un problema con su casco. Los agentes le registraron y encontraron 2 trozos de hachís y 23 comprimidos de MDMA.

Él justificó durante el juicio que iba a consumirlas con unos 8 amigos en una pinchitada que se iba a celebrar días después en casa de la que por aquel entonces era su novia. Insistió en que no iba a venderlas a terceros y reconoció que consumía los fines de semana, en fiestas y que podía llegar ingerir hasta 5 o 6.

Cuando fue detenido también se le intervinieron 120 euros y 3 móviles. Explicó que en esa ocasión le tocó hacer las compras y que llevaba 2 bolsas porque fue la manera en la que se las vendieron. Añadió que uno de los teléfonos era de la empresa y que los otros 2 eran personales.

La agente recordó que fue parado y que cuando fue cacheado llevaba hachís y las pastillas. "Parecía éxtasis y luego lo confirmó él. Al principio dijo que no era nada y luego lo reconoció". El segundo policía manifestó que pensó que estaba traficando al llevar la droga separada.

Las testificales de los amigos coincidieron en los principales puntos. Se declararon consumidores esporádicos y que las 23 pastillas las iban a ingerir en una fiesta veraniega. Reconocieron que eran capaces de tomar una media de 4 o 5 en una misma noche para perpetuar los efectos.
 
FUENTE:  EUROPA SUR

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martes, 21 de diciembre de 2010

EL TRIBUNAL SUPREMO RATIFICA QUE 3 MILLONES DECOMISADOS ERAN DEL TRÁFICO DE HACHÍS

El Tribunal Supremo ha ratificado una sentencia de la sección algecireña de la Audiencia Provincial que consideró en 2009 que los 3.558.883 euros (unos 594 millones de pesetas por aquella fecha) que M. A., M. D. y E. A. E. H. tenían escondidos en un vehículo y en un domicilio en 2001 procedían del tráfico de drogas y habían sido blanqueados. La condena que se estableció fue un año de prisión a cada uno y la incautación de la cantidad económica a favor del Estado.

El presidente de la coordinadora contra la droga Alternativa, Francisco Mena, se mostró muy satisfecho ayer con el resultado del recurso de casación y destacó el trabajo de la Udyco de la comisaría de Algeciras y del fiscal antidroga del Campo de Gibraltar, Emilio Miró, por demostrar la vinculación de ese dinero con una operación de droga que tuvo lugar en fechas anteriores.

La sentencia consideró que los condenados no acreditaron la procedencia del dinero y además el tribunal entendió que estaba relacionado con el tráfico de drogas al encontrar evidencias de que estaba vinculado con un alijo que se incautó por esas fechas.

Durante la vista oral los tres negaron que tuvieran la intención de viajar con el dinero a Marruecos, coincidieron en que los billetes no eran suyos y que se dirigían a Gerona para hacer la entrega a una tercera persona.

Este caso, bautizado como operación Florín, está considerado como uno de los más importantes golpes, al menos en cuanto a dinero, contra el blanqueo de capitales en la zona.

M. D. y M. A. fueron detenidos cuando salían de un aparcamiento público en un coche. El grueso del dinero iba en el interior del vehículo en fajos de billetes. El resto fue hallado tras el registro de una vivienda en la avenida Bélgica. El dinero iba distribuido en pesetas, francos franceses, liras y florines holandeses.

En 1995 fue aprobada la Ley del Fondo de Bienes Decomisados a Traficantes, según la cual todo el patrimonio que le intervienen a los narcotraficantes, una vez sentenciados, pasa a manos del Estado.

Los fondos confiscados son dedicados íntegramente a la lucha contra el narcotráfico: una parte para la prevención de consumo, otra para tratamiento y reinserción y otra para los medios de represión contra el narcotráfico, como los cuerpos del Estado.

FUENTE:  EUROPA SUR

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TRASLADAN A LA FISCALÍA LA APERTURA DE UN LOCAL SIN LICENCIA DE APERTURA COMO DISCOTECA

 Empresarios del sector del ocio de la ciudad han interpuesto una denuncia en la Fiscalía contra el Ayuntamiento, el alcalde, Alejandro Sánchez, y el jefe de la Policía Local, Carlos Fernández, "ante la pasividad mostrada" por el Consistorio que permite que un local del centro abra como discoteca sin tener licencia.

Los empresarios hablan de "ilegalidad" y lamentan "tener que judicializar la actuación del Ayuntamiento pero entendemos que el conocimiento de los hechos ilícitos por parte de las autoridades y la permisividad con los que son tratados constituyen al margen de gravísimos ilícitos penales y administrativos, un agravio comparativo que fomenta una competencia desleal".

El coordinador de Seguridad Ciudadana, Manuel Aguilera, ya informó a este medio de que conocía los hechos y que el Ayuntamiento actuaría cuando pudiera.

FUENTE;  EUROPA SUR

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domingo, 19 de diciembre de 2010

LOS PADRES TENDRÁN QUE PAGAR LAS COSTAS JUDICIALES POR EL ATROPELLO DE SU HIJO.

Juan Ramón se lamentaba de que le consideraran culpable cuando él "no hizo nada". Su padre, con el mismo nombre que su primogénito, reconoce que escucharle decir eso fue "muy duro". Su hijo tenía 16 años cuando falleció el pasado 31 de mayo, tras luchar durante cuatro años y medio contra una leucemia.

La enfermedad le fue diagnosticada algo más de un año después de ser atropellado con su bicicleta cuando circulaba por la localidad gaditana de Tarifa. La Justicia considera que el conductor que se lo llevó por delante no tuvo responsabilidad alguna y ahora, con su hijo ya fallecido, les exige a sus padres el pago de las costas judiciales.

Sin recursos y sin propiedades, Juan Ramón Martín e Isabel Hoyos deben hacer frente a unos pagos que podrían superar los 18.000 euros, a la espera de que los abogados de ambas partes concreten sus honorarios.

Para Juan Ramón, algo "no se ha hecho bien". Considera que "alguien ha cometido alguna negligencia porque durante el juicio no se tuvieron en cuenta declaraciones de testigos que eximían de responsabilidad a mi hijo". El accidente en la calle Mar Egeo de Tarifa les cambió la vida para siempre, y para el pequeño Juan Ramón, que entonces tenía 11 años, comenzó un calvario. Primero, para curar sus heridas por el atropello y luego, para hacer frente a una enfermedad a la que no pudo vencer.

Los hechos

El atropello tuvo lugar el 11 de agosto de 2004. El atestado policial del accidente y las declaraciones del menor, a los que ha tenido acceso ELMUNDO.es de Andalucía, dejan claro que la calle en la que se produjo tenía buena visibilidad, pese a estar en cuesta, que había anchura suficiente, ya que la vía es de doble sentido, y que cuando Juan Ramón, que conducía su bicicleta, fue golpeado por el vehículo ya estaba en medio de la calzada, casi en el otro carril.

El conductor del turismo aseguró que el niño salió de sorpresa entre dos vehículos aparcados -en cordón, según el parte de la perito- y que no le dio tiempo a reaccionar. La Policía Local, en un croquis adjuntado al atestado, recoge que el golpe se produjo en medio de la calzada, como prueba, además, que el coche implicado sufrió daños en la parte derecha, con la rotura del parabrisas delantero y con golpes en el lateral del lado del conductor.

Pruebas favorables a la familia

Los testigos aseguraron en sus declaraciones, que se recogen en la instrucción policial, que el niño salió despedido hacia atrás, por encima del parabrisas y el techo hasta caer por la parte trasera del turismo. En los documentos se incluye también la declaración de una testigo que iba en el asiento trasero del coche, que reconoció que no vio al niño, que sintió un golpe y que pararon. Preguntada si el conductor frenó antes del golpe, contestó "creo que no".

Los padres de Juan Ramón basaron su acusación en estos detalles, además de "un posible exceso de velocidad del conductor, una distracción... porque no frenó". El informe pericial, de hecho, recoge que no había señales de frenada en el suelo.

El menor fue trasladado por el propio conductor a un centro de salud. Allí le curaron las heridas que había sufrido, especialmente en la cara y la cabeza. Juan Ramón tuvo que sufrir la reconstrucción de uno de los labios, con casi 30 puntos de sutura, además de estar convaleciente casi el resto del verano con un brazo roto y medio cuerpo "hinchado".

Siempre dijo, y así lo recoge su declaración en presencia de su madre, que miró antes de cruzar y que "no venía nada", pero un turismo apareció antes de que terminara de pasar al otro lado de la calle.

Declaraciones 'no oficiales'

Un año después, a Juan Ramón, el mayor de tres hermanos, le diagnosticaron leucemia. Durante cuatro años fue sometido a tres trasplantes, pero no fue suficiente para salvar la vida, pese a que "hicieron todo lo que pudieron", se consuela su padre. Juan Ramón ha declarado que algunos médicos "me reconocieron que los golpes que sufrió en el accidente pudieron haberle desplazado la médula, pero ninguno lo ha puesto en un informe".

Cuatro meses antes de fallecer su hijo, su abogado les notificó a Juan Ramón e Isabel que tenían que hacer frente a las costas judiciales tras haber perdido el primer juicio, en la sala de Instrucción número 3 de Algeciras, y ser desestimado posteriormente su recurso por la Audiencia Provincial de Cádiz.

Un coste inasumible

Sólo la procuradora nombrada por la aseguradora del vehículo implicado en el atropello les reclama 9.660 euros, además de posteriores intereses hasta que se haga efectivo el pago, y 2.800 euros más que "pudieran ser precisos para intereses legales y costas de la ejecución". Su abogado, de un bufete de Algeciras, les reclama más de 6.000 euros, "aunque puede que ahora lo baje un poco", apunta Juan Ramón, aunque a este importe habría que sumar el pago a su procuradora, de la que todavía no tienen la factura.

Este matrimonio de Tarifa, sin trabajo, sin ingresos y que reside en una vivienda protegida en concepto de alquiler no tiene muy claro qué es lo que hizo mal. "Nos dejamos asesorar y seguir los pasos que nos dijeron. Nunca nos habíamos encontrado en una situación similar y uno no sabe cómo actuar", reconoce Juan Ramón. Considera que "no se ha hecho justicia" con su hijo, que murió pensando que era culpable.

FUENTE:  EL MUNDO

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martes, 14 de diciembre de 2010

LA POLICÍA CIENTÍFICA EMPIEZA A TOMAR PRUEBAS DE ADN A LAS FAMILIAS DE LOS BEBÉS ROBADOS

La Policía Científica ha comenzado a tomar pruebas de ADN a familias que han denunciado la supuesta desaparición de bebés en el hospital de La Línea hace varias décadas.

Según ha sabido este diario, algunas de las familias que han sido llamadas a declarar después de que la Fiscalía de Algeciras decidiese abrir una investigación, han aportado saliva a petición de la Policía. Es el caso de Carmen, que reside en Canarias. Según explicó a este diario, la Policía Científica de Tenerife la llamó a declarar la semana pasada y le tomó pruebas de saliva y las huellas dactilares. "Me dijeron que la saliva era para cotejar el ADN en el caso de que sea posible. La verdad es que estoy muy esperanzada porque si mi hijo está vivo a lo mejor lo encontramos y si está muerto, sólo quiero que me digan donde está enterrado".

Carmen tuvo un hijo en La Línea el 14 de noviembre de 1968. El nacimiento se produjo en la clínica privada Inmaculada, tal y como contó en su momento este diario. El año pasado, al conocer otros casos similares, acudió al cementerio de La Línea y comprobó que no constaba el entierro de su hijo ya que aseguró que antes no había tenido valor para visitar su tumba.

Este diario ha sabido además que algunas personas han acudido a la Policía o la Fiscalía ante la sospecha de que pudieran ser dados o vendidos en adopción cuando nacieron.

Las pruebas de ADN determinarán en estos casos y en otros en los que trabaja el Cuerpo Nacional de Policía de quiénes son hijos biológicos ya que su ADN será cotejado con el de las familias que denunciaron la desaparición de sus bebés.

Cristina Díaz Carrasco, que destapó estos casos en La Línea, aseguró ayer que ha perdido la cuenta: "Desde que todo esto salió a la luz pública no han parado de salir casos. Al principio era a cuenta gotas pero ahora no paran. Ya he perdido la cuenta", dijo.

Hace unas semanas, Europa Sur publicó que eran ya 20 los casos sólo en La Línea. La mayoría van desde la década de los sesenta hasta los ochenta del siglo pasado. En todas las historias los bebés murieron horas después de nacer, el hospital se encargaba del entierro y o éste no consta o la tumba estaba vacía. Estas familias sospechan que estos bebés pudieron ser dados o vendidos en adopción a familias adineradas de la época.

Fuentes cercanas a la investigación aseguraron a esta redacción que una persona acudió ayer al cementerio de La Línea para comprobar si constaba el fallecimiento de un bebé, aunque al parecer el ordenador había sido sustraído. El concejal de Seguridad, Manuel Aguilera, no pudo confirmar anoche este extremo aunque aseguró que si los datos están informatizados están a salvo ya que existe una copia de seguridad en el Ayuntamiento.

De otro lado, en las últimas semanas se han interpuesto tres nuevas denuncias ante la Fiscalía de Cádiz por casos de bebés en la residencia Zamacola. Con ello, se elevan a un total de diez ya los casos denunciados a la Fiscalía de Cádiz, según el recuento que está realizando Chary Herrera, que denunció el primer caso en Cádiz.

Chary Herrera, hermana de la pequeña que nació el 10 de enero de 1975 a término, y cuya muerte comunicaron a su madre a las 20 horas, asegura tener ya constancia de que la cifra real de muertes de bebés en extrañas circunstancias acaecidos en la ya desaparecida residencia gaditana se aproxima a 20.

Chary Herrera ha dado a conocer el malestar existente entre las familias denunciantes al no haber sido llamadas ni tan siquiera a declarar por parte del fiscal al cargo del caso. Por ello, han decidido formar un frente común y personarse cuatro o cinco familias mañana miércoles en la Audiencia, con intención de ser recibidos por el fiscal. Contraponen la a su juicio "inactividad de la Fiscalía de Cádiz" hacia sus denuncias con el interés que se han tomando en Algeciras, donde el fiscal jefe ordenó a la Policía una investigación de los numerosos casos denunciados en La Línea y donde, según Chary, "se ha creado ya hasta un banco de ADN y se están tomando muestras a los denunciantes para intentar localizar a los bebés".

Las tres nuevas denuncias interpuestas son por un caso acaecido en el año 1957, en febrero, en el hospital de Mora, y por dos fechados el mismo año, 1968, en mayo y noviembre, estos últimos en Zamacola. En el primer caso, ya dado a conocer por este diario, la familia asegura que había testigos de la supuesta venta de uno de los dos mellizos, el varón, que dio a luz una mujer sordomuda.

FUENTE: EUROPA SUR

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domingo, 12 de diciembre de 2010

LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL PERMITIRÁ LA EXCARCELACIÓN DE AL MENOS SIETE PRESOS DE BOTAFUEGOS

Al menos siete presos de la cárcel de Botafuegos saldrán en libertad la semana próxima a raíz de la última reforma del Código Penal, según informaron a este periódico fuentes penitenciarias. De hecho, algunos internos de la prisión algecireña ya recibieron las primeras notificaciones de su pronta excarcelación, que se producirá de forma efectiva el 23 de diciembre -fecha en la que entrará en vigor la modificación legislativa impulsada por el Gobierno central y publicada por el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 23 de junio-.

Y es que la nueva normativa, aprobada por el Congreso de los Diputados el 29 de abril, implica una reducción de las penas máximas para los delitos de tráfico de droga, pasando de nueve a seis años de cárcel. Por ello, muchos presos condenados por este tipo de crimen se verán beneficiados del cambio del Código Penal. De hecho, desde Botafuegos recalcaron que desconocen el número exacto de internos que abandonará la instalación con la entrada de la nueva legislación; aunque, según sus cálculos, un mínimo de siete personas saldrán de ella.

Así, según subrayó el director de Botafuegos, Francisco Márquez, los trámites oportunos para estas excarcelaciones (así como las notificaciones requeridas) se están gestionando directamente desde las oficinas madrileñas del Ministerio del Interior. Además, también incidió en que son los propios jueces los que tienen que impulsar la puesta en libertad; que previsiblemente sólo afectará a los internos condenados a penas superiores a seis años de prisión.

Esta reforma del Código Penal se ideó con el objetivo de reducir las condenas por el trapicheo de estupefacientes y castigar con más fuerza a las redes de narcotráfico que operan en el país -y, sobre todo, a sus cabecillas-. Una intención que recogieron de forma literal los nuevos artículos integrados en la legislación española. Porque para los componentes de este tipo de asociaciones delictivas las penas se elevaron desde los nueve a los doce años para los casos más graves. Y, según subraya el texto normativo, también se les impondrá una multa por el cuádruplo del valor de la droga incautada. "A los jefes, encargados o administradores de la organización se les aplicarán las penas superiores", recalca también el Código Penal.

Un ejemplo claro de la finalidad de este cambio lo representarían los muleros, según señalaron fuentes penitenciarias. "Que constituyen los escalafones más bajos de estas redes", apostillaron.

La modificación legislativa salió adelante en la Cámara Baja con el apoyo del PSOE, CiU, Coalición Canaria, ERC y UPN. Por su parte, el PP, IU-ICV, BNG y UPyD se abstuvieron (los populares adoptaron esta posición, entre otros motivos, porque en el nuevo texto no se incluyó la figura de la cadena perpetua revisable). Los únicos votos en contra los emitieron los parlamentarios del PNV y Na-Bai.

Paralelamente, Francisco Márquez incidió en que la reforma del Código Penal también beneficiará a los condenados por delitos contra la seguridad vial. Así, los artículos referidos a este ámbito prevén hasta el 23 de diciembre sanciones monetarias para algunos supuestos y, en el caso de que no se abone el importe requerido, el acusado ingresa directamente en prisión. Dicha disyuntiva terminará con la entrada en vigor de los nuevos artículos del texto legislativo; puesto que los acusados tendrán también la posibilidad de sustituir la pena monetaria por trabajos en beneficio de la sociedad.

Por su parte, los presos de Botafuegos también comenzaron a solicitar y recibir los correspondientes permisos para pasar las fiestas de Navidad con sus familias. Tal y como destacó el director de la cárcel, desde el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria se remitieron a la instalación en los últimos días un "montón" de autorizaciones. Y, según matizó Márquez, todos estos consentimientos tienen un carácter ordinario.
 
FUENTE:  EUROPA SUR

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sábado, 11 de diciembre de 2010

DENUNCIA EN LOS JUZGADOS A UN GUARDIA CIVIL POR SUPUESTO ABUSO DE AUTORIDAD

Salvador Perea ha presentado una denuncia en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de La Línea contra un agente de la Guardia Civil al que acusa de abuso de autoridad y de causarle daños.

Según explica este hombre en su denuncia, fue a Gibraltar a llenar el depósito de su ciclomotor de gasolina y cuando se dispuso a cruzar la Aduana, un agente de la Guardia Civil le dijo que parara y que se bajara de la moto. El conductor le aseguró que no llevaba tabaco ni ninguna otra clase de mercancía pero explicó que le metieron en una caseta y le dijeron que se quitara el anorak. "Cuando fui a quitarme el pantalón, porque entendí que me querían registrar, el guarda vivil empezó a amenazarme y se me echó encima, reduciéndome, por lo que perdí el equilibrio y caí al suelo. Perdí el conocimiento y cuando me desperté estaba esposado", comentó a este diario, así como al juzgado.

Salvador Perea criticó que estuvo más de cuatro horas retenido y que los agentes lo llevaron al hospital "donde me hicieron pruebas de todo tipo y, como refleja el parte de lesiones, tenía un traumatismo craneal y erosión en las muñecas por las esposas", dijo. También aseguró que cuando fue a recoger el ciclomotor tenía el asiento roto.

Este diario contactó con la Guardia Civil, que declinó pronunciarse al no haber aún resolución judicial.
 
FUENTE:  EUROPA SUR

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viernes, 10 de diciembre de 2010

UN ACUSADO DICE QUE TENÍA 40 PAPELINAS DE COCAÍNA PARA SUS DIAS DE VACACIONES

D. G. M. explicó ayer en la sección algecireña de la Audiencia Provincial que las 40 papelinas de cocaína que portaba en el interior de su vehículo era un acopio para su consumo en los siguientes días, en los que iba a estar de vacaciones en la zona costera de Zahara de los Atunes. Junto a él iba A. S. P. El ministerio fiscal sostuvo que la intención de ambos era vender la droga a terceros. Por los delitos contra la salud pública les pide 4 años y 6 meses de prisión.

Las detenciones tuvieron lugar el 21 de julio de 2009 cuando agentes de la Guardia Civil del puesto de Torreplata en Atlanterra establecieron un control y advirtieron que un vehículo hizo una maniobra extraña. Estacionó más adelante y fue cuando los agentes descubrieron que en el interior del vehículo había hachís, cocaína y pastillas. D. G. se declaró ayer un consumidor habitual y aclaró que había comprado esos 40 envoltorios en Cáceres, de donde procedían, porque tenía previsto salir todos los días de sus vacaciones. Negó que fuera a vender.

A. S. P. admitió que portaba en una bolsa 3 bellotas de hachís, sustancia que consumía desde unos 10 años. Trató de deshacerse del paquete cuando se acercaron los guardias civiles. "Cada uno nos hicimos cargo de lo suyo", especificó luego. Reconoció que su amigo llevaba cocaína, "pero no tal cantidad".

Uno de los funcionarios de la Benemérita que intervino relató que se organizó aquel dispositivo de control para vehículos y personas porque días después se iba a celebrar un concierto y que la cocaína se halló en una guantera cercana a la caja de cambios.

El ministerio fiscal consideró en sus conclusiones que, a pesar de que no se hayan visto actos de venta, la droga iba destinada al tráfico. Lo argumentó porque entendió que la cantidad de droga excedía del consumo propio y por la manera de distribución.

La defensa de A. S. P. recordó que no había pruebas de tráfico y que su cliente sólo portaba 3 bellotas de hachís, mientras que la abogada de D. G. M. habló de que había muy poca cocaína pura en los 32 gramos aprehendidos en el automóvil.
 
FUENTE:  EUROPA SUR

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viernes, 19 de noviembre de 2010

PIDEN 9 AÑOS POR UNA PELEA QUE TUVO LUGAR EN LA FERIA DE 2006

ALGECIRAS.  La vista que iba a juzgar ayer en la sección algecireña de la Audiencia Provincial a J. R. S. T., M. J. A. C. y E. G. M. se aplazó ayer al próximo 11 de enero. Los tres se enfrentan a una pena de 9 años por una pelea que tuvo lugar en junio de 2006 y que acabó con varios heridos.

Las partes hablaron ayer de una posible conformidad que rebajaría las penas iniciales y que incluiría indemnizaciones económicas para resarcir de los daños a los lesionados. M. G. E. y A. M. G. R. figuran como la acusación particular.

Los tres son acusados por un delito de lesiones por la pelea que tuvo lugar en una de las calles del recinto ferial a finales de junio de 2006. Seis -tres contra tres- fueron los que participaron en esta gresca, que pudo tener como detonante algún roce anterior entre ambos grupos.

El que peor parado acabó fue el joven que recibió un corte en una mano y que aún no ha recuperado su movilidad al cien por cien. Otro fue herido en una pierna.

Efectivos de la Policía Local -que estuvieron ayer citados como pruebas testificales- controlaron la riña, que se inició con un enfrentamiento dialéctico, que le siguió uno físico y que se agravó cuando uno de ellos sacó un objeto punzante con el que causó las heridas. Los detenidos pasaron a disposición de la autoridad judicial y tres de ellos fueron atendidos por técnicos sanitarios. Posteriormente fueron trasladados al hospital Punta de Europa de Algeciras.
Fuente:  Europa Sur.

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viernes, 12 de noviembre de 2010

CONDENADO A 1 AÑO Y 6 MESES DE CÁRCEL POR UNA PELEA EN UNA DISCOTECA

El ministerio fiscal, la acusación particular y la defensa alcanzaron una conformidad, por lo que no hizo falta desarrollar las pruebas previstas para la vista.

Además de la condena de cárcel, el denunciado tendrá que abonarle al denunciante 7.000 euros para resarcirle de las lesiones y de las secuelas que le produjo la agresión, principalmente le quedó afectado su tabique nasal. Hoy el agredido ya se encuentra restablecido.

La defensa aceptó las condiciones, aunque solicitó que el pago de la indemnización se pudiera aplazar. Planteó pagar 1.000 euros ayer mismo y dedicar los 2.500 euros que estaban consignados a resarcir otra parte de la multa. Solicitó que los 3.500 restantes se pudieran entregar entre enero y septiembre del año que viene. Tras la vista, tuvo lugar una comparecencia diferente para cerrar los términos de los pagos. La abogada del acusado propuso un calendario de abonos que fuera mensual. Además, el condenado tendrá que hacer frente a las costas.

Al juicio de ayer estaban convovados 4 agentes del Cuerpo Nacional de Policía de Algeciras que intervinieron en esta pelea que tuvo lugar en la madrugada después de una noche de fiesta.
E. F. G. aceptó ayer en la sección algecireña de la Audiencia Provincial una pena de 1 año y 6 meses de privación de libertad por las lesiones que causó a E. L. N. D. durante una pelea registrada el año pasado en el local que era antes la discoteca Generatriz. 

Fuente:  Europa Sur


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jueves, 10 de diciembre de 2009

JUICIO A LOS ATRACADORES DE TARIFA





TARIFA
Los tres acusados del atraco con rehenes llevado a cabo en la sucursal de Unicaja de la calle Batalla del Salado el 16 de octubre de 2007 tuvieron ayer la primera vista del juicio que se cursa contra ellos bajo las imputaciones de robo con fuerza, detención ilegal (secuestro) y tenencia ilícita de armas.

El fiscal pide para cada uno de los acusados 53 años y medio de cárcel (tres años y medio por el robo y otros seis años por cada uno de los ocho delitos de secuestro), además de la pena solicitada por el armamento utilizado durante el atraco -pistolas y cuchillos-.

El juicio quedó suspendido dado que uno de los acusados, Eros T., pidió al juez que le otorgase tiempo para buscar una nueva defensa. Al parecer, y según relataba el acusado, los tres implicados habían sido supuestamente objeto de estafa por parte de su anterior abogado, quien tras haber cobrado sus honorarios de 6.500 euros habría renunciado el caso sin haber devuelto el dinero.

El juez accedió a la suspensión del proceso sin fecha de reanudación fija, dando a los acusados un plazo de tres días contando desde hoy para acceder a una nueva defensa. Caso de que no encontrasen abogado, se daría parte al Colegio de Abogados de Cádiz, que les asignará un abogado de oficio. Los otros dos acusados, Gerardo Z. y Massimo.L., suscribieron la acusación de E.T.

Fuentes judiciales reseñaron que, si bien los asaltantes no lograron llevarse ningún botín porque fueron detenidos en el mismo lugar de los hechos en una intervención conjunta de la Guardia Civil y la Policía Local de Tarifa, en los bolsillos tenían entre 2.000 y 3.000 euros, si bien en la caja de la sucursal faltaban 6.000 euros al día siguiente, por lo que el paradero de ese dinero se ha dado por desconocido.

Angustia
Los ocho rehenes que permanecieron en la sucursal bancaria durante la perpetración del asalto vivieron una experiencia terrorífica que luego relataron a sus allegados y medios de comunicación de todo el país. Entre ellos se encontraba el director de la sucursal, un empleado del banco, una cajera, una mujer joven que sufrió un ataque de ansiedad y que fue la única que no fue maniatada por los asaltantes.

La acción combinada de las Guardia Civil y la Policía Local de Tarifa dio lugar a la detención de los tres acusados sin que llegase a producirse ningún disparo. Eso sí, uno de los atracadores cayó desde un tejado al intentar huir y resultó herido leve.

El alcalde de Tarifa, Miguel Manella, se encontraba de viaje en el momento de ocurrir los hechos, pero fue informado de todo durante la jornada de aquel 16 de octubre.


jueves, 5 de febrero de 2009

Absueltos dos policías locales acusados de agredir a un joven detenido en Granada

POLICÍA LOCAL DE GRANADA
(IDEAL.ES)

La Audiencia de Granada ha absuelto a los dos policías locales que estaban acusados de lesionar, hasta partirle la clavícula, a un joven de 24 años al que habían detenido tras negarse éste a que se llevaran su ciclomotor, de cuya documentación carecía.
En la sentencia, la Audiencia reconoce que uno de los agentes golpeó al joven con su defensa reglamentaria mientras éste se encontraba esposado en el interior del coche policial, si bien no considera esta conducta "reprochable" al entender que el policía obraba "en el ejercicio legítimo de su cargo".
"La violencia policial aplicada sobre el detenido en este caso era proporcionada y no excesiva a la consecución de los fines pretendidos, esto es, que se plegara a su detención y dejara de resistirse activamente a la situación", señala la sentencia, que apunta como hecho probado que el joven, una vez esposado, propinó varios golpes contra las puertas del interior del vehículo.
Además, la Audiencia considera "inseguro, débil e insatisfactorio" el testimonio del denunciante, que "no fue capaz" de esclarecer los hechos bajo la excusa de haber olvidado los detalles por el tiempo transcurrido.
A los elementos anteriores, sobre los que se basa la decisión del tribunal, se suma el hecho de que la prueba médica descarta el hecho de que la rotura de la clavícula fuese ocasionada por una agresión, al no presentar hematomas ni heridas externas.
Los hechos
Los hechos tuvieron lugar el 30 de diciembre de 2006, cuando dos agentes de la Policía Local acudieron a la plaza de la Cruz de la capital granadina, donde había un grupo de jóvenes con motos, supuestamente consumiendo alcohol.
Los jóvenes se marcharon del lugar al llegar los agentes, a excepción de uno de ellos, llamado Daniel, que fue requerido para que se identificase.
Dado que no poseía documentación, ni la del ciclomotor ni la personal, los policías "le invitaron" a acompañarles a la Comisaría de la Policía Nacional, a lo que el joven accedió, si bien una vez llegada la grúa para retirar su vehículo su propietario entabló un forcejeo con uno de los agentes en el cuál ambos cayeron al suelo.
Los dos policías consiguieron reducir al joven, al que esposaron y metieron en la parte posterior del coche policial, aparcado en las proximidades, y una vez dentro éste comenzó a golpear sus paredes y a insultar a los agentes.
Uno de ellos sacó entonces su defensa reglamentaria y asestó varios golpes contra el detenido, entre las protestas de algunos ciudadanos que por el escándalo se habían concentrado en el lugar.
El joven no se quejó de ningún dolor una vez en la Comisaría -donde le informaron que posiblemente había cometido un delito de resistencia a los Agentes de la Autoridad- si bien esa misma noche, una vez fuera, fue atendido en el hospital por la rotura de la clavícula, que aseguró que había sido producida por una agresión.


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